Arco minero del Orinoco: una crisis de la que pocos hablan en Venezuela

175
LAS CLARITAS, VENEZUELA - JULY 20, 2016: Thousands of Venezuelans are flocking to illegal gold mines, like this one, called "Cuatro Muertos" ("Four Dead" because four miners have died here since the mine was dug) in hopes of surviving the current economic crisis by earning in gold instead of the national currency, whose value steadily falls due to the world's highest inflation. From this remote part of the jungle the migrant miners have become the vectors of a new epidemic of malaria, because the hot, swampy conditions of the mines make for an ideal breeding ground for mosquitos. Miners spread the disease as they return home with earnings or pay visits to family members. Dozens of miners that work in this mine said that they have contracted malaria multiple times, some even dozens of times. The economic crisis has also left the government without the financial resources to control the disease - they are unable to fumigate homes, provide medicines to everyone that is sick, or even to test all patients with symptoms of malaria in many places. PHOTO: Meridith Kohut

Desde el año 2016 una decisión del gobierno dispuso un total de 111.843 kilómetros cuadrados para la explotación de minerales que ha colocado en peligro la biodiversidad de la Amazonía y la vida de las comunidades indígenas de la zona.

El 24 de febrero de 2016 se creó la llamada Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO), una superficie de terreno equivalente a 12,2% del territorio nacional, zona en la que habitan 54.686 personas indígenas.

Según el decreto, el AMO busca la extracción y comercialización por parte del capital nacional, trasnacional o mixto, de los minerales de bauxita, coltán, diamantes, oro, hierro, cobre, caolín y dolomita en toda la margen sur del río Orinoco. Esto se ha promovido ignorando dos requisitos necesarios de acuerdo a la propia Constitución de Venezuela, aprobada en el año 1999.

El primero de ellos, artículo 129, la obligación de realizar estudios de impacto ambiental y sociocultural en las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas. Adicionalmente, artículo 120, la realización de una consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios cuando se aprovechen recursos naturales en hábitat indígenas.

Sectores indígenas han denunciado que sus derechos son afectados. Organizaciones ambientalistas y de derechos humanos también han intentado prevenir la afectación de esta zona

En los últimos años, la minería ilegal en la zona se ha expandido y esto ha generado que aumente el flujo de personas que llegan en busca de oportunidades económicas inmediatas.

Una de las consecuencias de la creciente llegada de personas es la acentuación de la crisis sanitaria con diversas enfermedades como el paludismo. Ante la ausencia de medicamentos y centros asistenciales, el número de muertes por estas enfermedades es significativo.

 

 

Por Rafael Uzcategui / Mrianna Belalba Barreto